Presentación judicial por los fondos de la Cooperadora Asistencial

Denunciaron malversación en la organización que distribuye la Copa de Leche a chicos que necesitan un refuerzo nutricional. Desde la institución sostuvieron que la acusación no tiene fundamentos. 

Representantes legales de la Cooperadora Asistencial, entidad responsable de la ayuda social a sectores vulnerables de la población, rechazaron la denuncia por malversación de fondos que presentaron tres diputados radicales de Salta.

Ante la acusación por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” y “asociación ilícita”, los apoderados de la Cooperadora se presentaron espontáneamente ante la fiscalía que interviene en el caso para hacer un descargo el viernes.

En el documento sostienen que la denuncia constituye un acto apresurado que no tiene respaldo documental. En consecuencia, pidieron desestimar el expediente y archivarlo por “inexistencia de delito”.

Pablo Outes, titular de la Cooperadora Asistencial, rechazó además las acusaciones en diálogo con medios de comunicación.

“Vamos a hacer lo que corresponde, que es presentar las pruebas y demostrar que están equivocados”, dijo el funcionario en una entrevista con FM Aries.

También remarcó que el trabajo de la institución es sometido a constantes controles que podrían exponer cualquier irregularidad en la administración.

“Este organismo llega todos los días a las escuelas. Se trabaja a conciencia y buscamos que dejen de hacer de esto un circo mediático”, dijo Outes.

El funcionario aseguró que están a disposición de la Justicia todos los elementos para realizar una investigación que aclare la situación.

La Cooperadora Asistencial está a cargo del programa Copa de Leche, por el cual se distribuyen en las escuelas de Salta capital meriendas y desayunos todos los días para chicos que necesitan un refuerzo nutricional.

Fondos

La denuncia que presentaron los diputados radicales Humberto Vázquez, Héctor Chibán y Mario Mimessi plantea dudas sobre la administración de distintas partidas que serían equivalentes a unos 150 millones de pesos.

También se cuestiona la supuesta compra de elementos que no tendrían que ver con la función de asistencia social del organismo, como camisetas deportivas.

Además, se pone bajo sospecha el destino de fondos destinados a la difusión de las actividades de la institución.

Los abogados se presentaron ante la fiscalía, según se informó oficialmente, con el objetivo de “dejar sentado que la totalidad de las contrataciones y gastos realizados por el ente autárquico se corresponden con los destinos fijados por la Ley 5.335 y el Decreto 1.809/78 que lo rige, presentando todos los expedientes que acreditan la necesidad de esas erogaciones y un trámite regular”.

Auditoría

Desde la Cooperadora Asistencial sostuvieron que “existen numerosos controles que realiza la Auditoría General Provincial, el Tribunal de Cuentas Municipal y el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, al margen de que cuenta con una Unidad de Sindicatura Interna y un departamento que controla la ejecución de convenios”.

Los responsables de la organización consideraron “temeraria” la acusación de que los funcionarios podrían integrar una asociación ilícita, hayan incurrido en malversación de caudales o hubieran intervenido en negociaciones incompatibles.

En este sentido consideran que los denunciantes ni siquiera mencionaron hechos puntuales o a personas concretas.

Entienden que es reduccionista la visión de los legisladores y que no tienen en cuenta que existen distintos gastos vinculados con logística y funcionamiento operativo de la Cooperadora Asistencial. Plantearon que los denunciantes tampoco consideraron que es necesario abordar la problemática social previo relevamiento mediante consultoría y estadísticas, como también difundir los programas que benefician a los vecinos de Salta.

Por último, sostienen que el trabajo institucional de la Cooperadora es ordenado y que no se agota en la asistencia con la Copa de Leche.

Según destacaron, también se ocupan diariamente de la entrega de bolsones para familias en riesgo social y distribución de medicamentos o subsidios.

Además, informaron que actualmente también se ocupan de actividades relacionadas con hechos de violencia de género e intrafamiliar o adicciones. Sostuvieron que se destinan recursos a responder a situaciones de riesgo que generan estas realidades.

Fuente:(eltribuno).-

 

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