Crónica negra del proceder judicial en Salta

QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO DEMANDEN

Cuando un grotesco modus operandi puede terminar con la carrera de un juez.

El sonado caso del juez Federico Diez está alcanzando ribetes inimaginables que rozan lo grotesco del actuar y  podrían llegar a tocar niveles de gravedad constitucional, derivados de la suspensión que se le aplicó por un supuesto caso de violencia de género y quién, desde hace dos años, tiene abierta una causa penal. Ocurre que a raíz de la denuncia efectuada contra Diez, la Corte de Justicia procedió a abrirle un sumario, delegando la instrucción en el Tribunal de Impugnación.

Así fue que el juez Pablo Mariño, quien recibió el encargo de tal instrucción, terminó devolviendo el sumario a la Corte, sentando la opinión de que la continuación del proceso podría afectar el derecho de defensa de Diez, una cuestión no menor por la calidad de antecedente que obraría.

Pasó entonces a manos de Eduardo Barrionuevo, presidente del Colegio de Magistrados, quien tampoco encontró motivos para imputar a Diez en su desempeño… hasta que la jueza Ada Zunino, sin argumentos valederos, en lo que la lógica y deber alcanzaría en este caso, rechazó los planteos de Diez y decidió elevar la causa a juicio, solicitando el juicio político para el juez denunciado.

Por supuesto, Diez apeló la decisión de Zunino ante el Tribunal de Impugnación y la jueza Virginia Solórzano rechazó el recurso, volviendo a primera instancia donde se hizo cargo la jueza Victoria Montoya, quien encontró razón en los dichos de Diez y anuló la elevación a juicio oral. 

Mientras la causa de Diez transitaba despachos, con el vértigo de una montaña rusa, y mostrando una ansiedad inquietante, el Jurado de Enjuiciamiento procedió a reunirse y en sesión decidió suspender a Diez, ordenando además retenerle el 30 % de sus haberes, en una decisión que llama la atención por la celeridad y dureza de tratamiento hacia la figura de Diez. 

En ese punto, hace su aparición bajo las luces de este escenario, el mismísimo presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, quien a su vez ostenta también la presidencia suplente del Consejo de la Magistratura y habría convocado a concurso para elegir al reemplazante transitorio de Diez. ¡Sin que exista la vacante ni la situación del juez enjuiciado esté resuelta!

Fruto de esta maniobra, resultó elegida para reemplazar a quien aún no había sido efectivamente separado del cargo la funcionaria judicial María Livia Carabajal, en un hecho que puede calificarse como insólito y fuera del del actuar correcto.

Más desatinado resulta que un juez esté suspendido y cobrando el 70 % de sus haberes, con un sumario administrativo abierto, más un jury de enjuiciamiento a la espera de sabrá Dios por qué cuestión; todo un trapicheo  que no registra antecedentes en ninguna parte del país. En esta puesta en escena, debe quedar claro, que el juez Federico Diez no está condenado por causa alguna del fuero penal, tampoco registra sanción alguna en toda su carrera judicial; por el contrario, sus antecedentes hablan –y así fue considerado- como un magistrado de sólido prestigio y dedicada responsabilidad.

Como surge del relato de los hechos pareciera emerger a la luz pública, que puertas adentro de la Ciudad Judicial se corren diferencias irreconciliables y se cobran vendetas personales, se ejecutan persecuciones y se aplican prácticas inquisitoriales colocándole el “Sambenito” a quien no jugaría con las reglas de un establishment judicial, donde sólo estaría faltando aceptar la denuncia anónima, como prueba suficiente para dictar una sentencia. En el medioevo eran más prolijos, por lo menos.

Esta situación ha tomado estado público y de hecho los medios de comunicación consideran que la situación que atraviesa Diez obedece a una persecución orquestada por logias internas que pretenderían cobrarse con su cabeza algunas facturas.

De hecho, entre funcionarios, se ha escuchado decir, que al menos dos altos magistrados estarían interesados en desmontar a Diez, para lo cual habrían fraguado instancias y procedimientos apócrifos con la única finalidad de desprestigiarlo, apelando incluso a operaciones mediáticas financiadas, para conseguir sus perversos fines personales. Una “venganza atascada”, montada con la arquitectura de una telaraña.

No sólo la intención dolosa de algunos jueces opera contra Diez, sino también la incapacidad y los trastornos conceptuales de funcionarios como la fiscal Elisa Pérez, quien evidencia en su sinapsis una ausencia del concepto de imparcialidad, faltante que la convierte en un peligro para cualquier ciudadano que podría así ver vulneradas sus garantías constitucionales, frente a una fiscal –nada menos- que acusa, según su sentir de género, antes que en función de su saber jurídico. Casi nada.

El obrar de la fiscal Pérez no sólo obedecería a sus limitaciones intelectuales, que parecería le impiden comprender el peso de su cargo, sino que además estaría siendo instrumento de la presión de un personaje de alto rango en la Justicia y con poder político, que estaría interesado en un desenlace adverso para Diez.

Planteada así esta situación y a la luz del expediente, surge claramente la presunción de inocencia de Federico Diez  quien fue víctima del “modus operandi” de una mujer –Amorina González- quien utilizando los procedimientos propios de las llamadas “viudas negras” involucró falsamente al magistrado en una denuncia de género por un hecho que no existió.

Grave antecedente para la justicia de Salta, el que los magistrados y el sistema judicial en sí, se sientan inclinados a movilizarse por los dichos de una fabuladora consumada y comprobada por estudios psiquiátricos, en lugar de hechos que realmente demuestren que Diez incurrió en los delitos que se le imputan y que nadie puede probar.

¿Es este el proceder de la Justicia, que imparte la misma en beneficios de conveniencias, apartándose de su juramento, sin sopesar las obscenas irregularides en una causa, que transgrede los límites, hasta confines impensados?¿Qué queda para el simple ciudadano, si con un juez pueden, sin argumentos jurídicos y honestos, terminar con la vida y una carrera de una persona, simplemente, con el solo motivo camuflado de una cuestión de “amores” llevada hasta estos límites, de una forma que asusta por la impunidad?

Ya lo decía el Martín Fierro “Hacete amigo del juez”…, pero en Salta, parece que ni eso alcanza.

Fuente:(vocescriticas).-

 

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