ARMAOS LOS UNOS A LOS OTROS

UN PLAN CON “B” DE BOLSONARO Y BULLRICH

El triunfo del ultraderechista brasileño alienta políticas como la de Bullrich en favor de la portación de armas, en medio del programa conservador para explotar el miedo y el odio.

 

                                                                                                             Presidente electo Jair Bolsonaro y ministra Patricia Bullrich. 

Las polémicas declaraciones sobre la libre portación de armas, ratificadas ayer por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fueron cuestionadas con dureza por el diputado nacional del bloque Red X Argentina Felipe Solá y por otros referentes políticos y gremiales y por investigadores. El ex gobernador Solá consideró que los dichos de Bullrich consolidan “el éxito de la doctrina (Jair) Bolsonaro”, en referencia a la mano dura policial anunciada por el electo presidente de Brasil.

“Las palabras de la ministra son muy graves, una irresponsabilidad inexcusable en alguien que tiene responsabilidades tan grandes: las palabras pueden matar y alguien puede sentirse avalado para andar armado”, aseguró Solá. El ex gobernador bonaerense advirtió que “andar armado es muy peligroso para alguien que ni siquiera sabe qué nivel de control sobre sí mismo tiene y cuánto debe conocer de armas”.

A pesar de los cuestionamientos de políticos y expertos en el tema, la ministra Patricia Bullrich ayer ratificó sus declaraciones en la ciudad de Córdoba. Dijo que “el que quiera estar armado” por cuestiones de seguridad personal “que ande armado” porque “la portación de armas no está prohibida en la Argentina, está regulada”. Insistió en que eso es posible porque “hay organismos donde registrar las armas, que entregan certificados de tenencia o portación”.

Sólo aclaró, frente a las duras críticas recibidas: “Yo no recomiendo estar armado, pero las personas son libres de usar armas o no usarlas”. Según la ministra que en más de una ocasión apoyó la represión a trabajadores o vecinos, “existe una regulación” pero “si quieren que las prohibamos, las prohibimos”. Mientras tanto, insistió, “la gente puede hacerlo”.

En Córdoba, además de apoyar la portación de armas por parte de los ciudadanos, la ministra volvió a defender al policía Luis Chocobar, quien está detenido y tiene que enfrentar un juicio oral por el delito de homicidio. Mató a balazos a un joven que escapaba luego de participar en un robo. El hecho ocurrió el año pasado en el barrio porteño de La Boca y Chocobar disparó contra alguien al que podría haber detenido sin necesidad de asesinarlo.

Bullrich volvió a afirmar que el policía acusado de homicidio por la Justicia “actuó para defender a la gente”. Dijo confiar en que cuando llegue el juicio se van a imponer lo que ella considera como “la razón y la lógica”, es decir que Chocobar sea absuelto. Como se recordará, el policía preso también recibió el aval expreso del presidente Mauricio Macri. Por el contrario, el ex gobernador Felipe Solá criticó la similitud del discurso de la ministra de Seguridad con “la doctrina Bolsonaro”.

Solá recalcó que “la presencia de armas implica violencia del otro lado también”, en referencia al usuario civil. “La gente más experimentada no anda nunca armada porque hace falta cierta experiencia o cierta madurez, porque (estar armado) es lo peor que se puede hacer, y que la ministra aconseje lo contrario es gravísimo”, reiteró Solá.

El ex canciller Jorge Taiana declaró, a través de su cuenta de Twitter, que Bullrich “deberá dar explicaciones sobre la peligrosa e inadmisible doctrina según la que quien quiera andar armado, ande armado”. Afirmó también que las manifestaciones de la ministra “son irresponsables y contrarias a la ley”.

El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, consideró que “es un peligro que la ministra de Seguridad desconozca de esta manera las leyes vigentes”.

Creencia

Las afirmaciones de Bullrich también fueron cuestionadas por Julian Alfie, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “En la mayoría de los casos las personas deciden armarse para ‘protegerse’ de la inseguridad”, indicó, pero añadió que en realidad “esta falsa creencia es desmentida por las estadísticas que a nivel internacional demuestran que las personas que intentan usar las armas para protegerse ante un delito terminan sufriendo consecuencias peores para su propia persona o para su familia que si no hubieran estado armadas”.

Esto significa, subrayó Alfie, que “el arma no sólo no protege, sino que incluso potencia los riesgos”, motivo por el cual “quienes deciden armarse por seguridad y luego deciden desarmarse a través del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, al ser consultadas sobre por qué se desarmaron responden que, paradójicamente, lo hacen por seguridad”.

En la actualidad hay en el país “1.016.843 usuarios registrados” de armas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), ex Registro Nacional de Armas (RENAR), pero “se estima que en el mercado ilegal el número de armas (de fuego) es entre dos y tres veces más alto”. El experto del Inecip recordó que “en 2013 la cantidad de usuarios registrados era de alrededor de 700.000 personas”.

Explicó que el incremento del armamentismo “tiene múltiples causas que demuestran la ineficacia del Estado en su deber de llevar adelante una verdadera política pública de control de armas y desarme civil, que debiera ser implementada por la ANMaC, agencia que por decisión gubernamental (y en contra de lo que manda la ley) carece actualmente de partidas presupuestarias propias”. Alfie remarcó que “ocho personas mueren por día por el uso de armas de fuego, y la mayoría de esas son por conflictos interpersonales”.

Aclaró que aunque “la falta de estadísticas impide hacer un análisis global del uso de armas sobre el total de conflictos interpersonales, si nos remitimos a, por ejemplo, la violencia de género, vale señalar que uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego” y no por otros medios. Esto confirma que “el arma es el único objeto diseñado diseñado exclusivamente para matar, por lo que el Estado tiene un deber, una responsabilidad y una capacidad de control mucho mayores”.

Alfie aseguró que “ninguna política pública puede implementarse mientras el financiamiento de la ANMaC siga dependiendo de la venta de formularios para solicitudes de los potenciales usuarios, generando un incentivo negativo contrario al deber de control”. Esto es así porque “cuanto más control, menos formularios, y por lo tanto menos ingresos para la agencia”. Por el contrario “el Gobierno debería cumplir con la ley”, que establece que “hay que dotar de partidas presupuestarias propias a la agencia” para que pueda cumplir con la función que le fue asignada. Del mismo modo “debería reimpulsarse el Plan de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, política pública premiada por la ONU que hoy redujo su efectividad por la falta de recursos”.

Fuente:(pagina12).-

 

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