Media sanción para la adhesión de Salta al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno

En un tratamiento sobre tablas, diputados aprobaron la adhesión de la Provincia de Salta al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno establecido por Ley Nacional Nº 27.428, modificatoria de la Ley Nacional Nº 25.917.

 

Entre los principales puntos del Régimen Federal, se establecen reglas generales de comportamiento fiscal y gestión pública con mayor transparencia, implementando pautas relativas al gasto público y la administración de ingresos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero y fijar limitaciones en materia de endeudamiento.

Así también, se establece que todas las leyes de presupuesto general de las administraciones deben contener la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de los recursos, sean ordinarios o extraordinarios, afectados o no, de todos los organismos centralizados, descentralizados, las instituciones de seguridad social y los flujos financieros de los fondos fiduciarios e informarán sobre las previsiones de todos los entes autárquicos, institutos, empresas y sociedades del Estado.

Otro punto importante es que tanto el Gobierno nacional como el de la Provincia, al momento de elevar su presupuesto anual, deben presentar una proyección plurianual de la evolución presupuestaria pertinente y el perfil de vencimiento de la deuda pública.

Estas obligaciones tienen la ventaja de la previsibilidad a favor de los presupuesto de los gobiernos, como también la transparencia al informar indicadores homogéneos de gestión pública.

Se establece además que el incremento del gasto corriente no puede ser superior al incremento inflacionario y  se prevé el compromiso del no incremento de la planta ocupada en relación con la población proyectada por el INDEC para cada jurisdicción; así también, se instala que los mayores gastos deben tener como contrapartida mayores recursos a fin de que haya equilibrio presupuestario y financiero.

En cuanto a los cambios de poder, se establecen reglas de fin de mandato asegurando un orden en el gasto en la transición entre una administración gubernamental y la próxima.

En lo que respecta a política tributaria, se busca que exista una coherencia entre Nación y Provincias, tendientes a no aumentar la presión impositiva y que haya equilibrio en los tributos que cobra cada jurisdicción.

Los servicios de la deuda de cada año no deben superar el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios, pese a que es admisible para el caso de que tenga por objeto rebajar el costo de deuda anterior.

En este sentido, el Gobierno Nacional implementará programas respecto de la deuda de las jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento necesario siempre que observen pautas de comportamiento fiscal y financiero acordes a las del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y buenas Prácticas de Gobierno, implementando acuerdos bilaterales. Además, el citado régimen prevé sanciones en caso de incumplimiento.

El diputado Mario Vilca manifestó que era importante que la provincia avanzara en un régimen fiscal y esta adhesión marca la importancia de cumplir con todas las acciones y medidas para fomentar los controles.

“Se van a beneficiar las jurisdicciones que participen de esta adhesión, no están obligados a participar pero se recomienda que lo hagan, ya que si no cumplen con esto, los fondos de soja podrían no ir a los municipios”, dijo el legislador.

El diputado del bloque del Partido Justicialista explicó que se busca implementar con políticas económicas que beneficien a todos los salteños apostando a esta ley que es superadora de la Nº 7030.

El diputado Lucas Godoy aseguró que el gobierno nacional llevará a cabo el ajuste económico en todo el país con o sin esta Ley de adhesión por parte de las provincias y todo ese dinero que se ahorren será solamente para pagar deudas adquiridas por ellos mismos ante su mal manejo.

“Esta ley surge a partir del Consenso Fiscal, nosotros desde nuestro partido sabíamos que no era mejor pero era la única vía que nos quedaba para intentar beneficiar de alguna manera a los salariados y las masas populares tan castigadas por el gobierno nacional”, dijo el diputado del bloque del Partido Justicialista.

Así también, el legislador citó como ejemplo el caso de la municipalidad salteña, que solicitó un adelanto de $45 millones de pesos con las garantías del fondo de soja, las cuales están amenazadas en caso de no adherir al proyecto.

En tanto, el diputado Santiago Godoy aseguró que hay un horizonte de certezas en la provincia que en el resto de país no la hay, ya que por ejemplo los 70 mil empleados públicos están garantizados en sus puestos.

Así también, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que las políticas tributarias aprobadas anteriormente han permitido que se mantengan aspectos importantes y enfrentar el déficit que había pese a la grave crisis económica nacional.

Por su parte, el diputado Baltasar Lara Gros expuso que esta ley no modifica aspectos económicos anteriores de manera superlativa, si bien se cambian varios puntos que existen actualmente como las reglas de fin de mandato, los fondos pluri-anuales, entre otros.

“Los fondos de soja son muy importantes para la provincia y para todos los municipios, ya que con ellos se realizan varias obras y por eso es indispensable que no prescindamos de ellos”, dijo el legislador.

El diputado Matías Posadas manifestó que este proyecto es coherente con lo que se viene plasmando en Salta en cuanto a asegurar el mantenimiento de cuentas ordenadas.

El diputado Guillermo Martinelli declaró que existen varios artículos que no estarían de no ser por el acuerdo con el FMI.

“Esta ley establece que los gastos se realicen con control para que los responsables no se excedan, además esta sería una herramienta que beneficiará a Argentina y a los salteños en general, ya que la misma es superadora de la Ley 7030”.

El diputado Luis Cisnero destacó que el actual gobierno nacional ganó mucho en cuanto a la gestión de controlar los números.

“Nunca se terminaron las obras del Plan Bicentenario y el dinero no sabemos dónde está, estos problemas en la provincia lo buscó el propio oficialismo y no quieren hacerse cargo”, dijo el legislador.

El diputado Javier Diez Villa aseguró que se debe seguir trabajando en condiciones que fomenten el control de los legisladores en cuanto a la administración de los recursos de la provincia y los municipios para que los próximos gobiernos que vengan cuenten con un equilibrio fiscal.

El diputado Mario Ábalos manifestó su acompañamiento al proyecto ya que los municipios necesitan de manera indispensable el fondo de soja, destacando además, lo positivo de que el estado de endeudamiento no supere el 15%.

“Es muy importante que se limite la ‘generosidad’ de los intendentes durante la época de elecciones, además de que no se podrán cubrir nuevos cargos en los municipios y a nivel provincial si hay déficit fiscal, lo que fomentaría una disciplina para gastos municipales”, dijo el legislador.

Por su parte, el diputado Martín De Los Ríos aseguró que es difícil para el oficialismo provincial adherir a un programa de déficit fiscal ya que eso no les permite “vivir del fiado” porque se realizan controles financieros muy exhaustivos, por lo que considera que es de una grave irresponsabilidad cargar todas las culpas al poder nacional.

En tanto, el diputado Mario Mimessi explicó que no se pueden permitir como legisladores provinciales se perdieran el dinero proveniente del fondo de soja, ya que se atentaría contra el federalismo que tanto se impulsa.

El diputado Claudio Del Plá manifestó que este proyecto busca monitorear peso por peso lo que pasa en las economías provinciales, lo que ya pasó en los años ’90 y no se solucionó absolutamente nada.

“Con todos estos ahorros que se busca hacer no se va a fomentar la educación, la salud, la seguridad ni ningún otro aspecto de Salta ni del país, sino que se trata de acomodar las cuentas públicas y que se discipline las cuentas del Estado para poder pagar la deuda externa que el mismo gobierno nacional asumió”, dijo el legislador.

El diputado del bloque del Partido Obrero explicó que esta ley es una exigencia extraparlamentaria que fomenta la cadena de “apriete” que empieza por el FMI a Nación, a su vez que extorsiona a la provincia en la negativa de brindarles los fondos provenientes de la soja si no se confirma la adhesión al proyecto.

El diputado Sergio Cisneros manifestó su rechazo al proyecto explicando que el Poder Legislativo no está para avalar todo lo que quiera el Ejecutivo sino para controlar todo lo que este realice.

Al proyecto se adjuntó una iniciativa similar presentada por el bloque Un Cambio Para Salta.(prensadiputados).-

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.